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Tere García
En ambos casos se nota la falta de formación humana tanto en “víctimas” como en “victimarios”. Pese a esto, las autoridades mexicanas insisten en señalar que el número de internos crece en la misma proporción que los índices delictivos y que, a su vez, aumentan en proporción directa a la pobreza y el desempleo. Lo cierto es que el delito se comete en todos los niveles socioeconómicos por ignorancia respecto de dónde se halla la verdadera felicidad; unos roban lo que otros tienen porque creen que ahí, en esos objetos, está el bien. Y sin embargo, no todos los que delinquen pasan tiempo de vida en la cárcel. Los hay que pueden pagar fianza y quedar libres antes de tiempo, pero son centenas de miles los que permanecen años encerrados por falta de dinero. La historia de horror comienza con un delito que se comete en un segundo, un minuto, quince minutos, media hora o un día y que, sin embargo, sin ir a las causas primeras y sin que el arrepentimiento sincero sirva para liberar a los presos, se paga durante buena parte de la vida. Además, los que podrían trabajar dentro de las cárceles para reducir el tiempo de condena, no encuentran el trato digno ni el pago justo a sus labores. La discriminación es evidente y el dolor desgarrador. En los nueve reclusorios del Distrito Federal hay 24 mil 240 personas privadas de su libertad y cada mes ingresan 500 personas más. Héctor Cárdenas San Martín, director general de Reclusorios del Distrito Federal, perteneciente a la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dijo que el presupuesto para atender las necesidades de los 9 reclusorios de la ciudad de México es de mil 100 millones de pesos al año. El costo por interno es de 120 pesos diarios y tan sólo la alimentación cuesta 150 millones de pesos al año. El funcionario aseguró que, como medida de readaptación social existe la alternativa del trabajo, pero esta sólo se lleva a cabo cuando es parte del castigo. Propuso que el trabajo en situación de cárcel sea obligatorio, pero en condiciones dignas, con miras a la reinserción social y a fin de que los presos apoyen a sus familias. Tan sólo en el Reclusorio Norte hay más de 8 mil presos. En una visita a este centro, organizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marcela Briceño, directora del Reclusorio Norte, recibió a representantes de todos los sectores a quienes la Dirección General de Equidad y Género de la STPS convocó para coordinar y vincular tanto a organizaciones altruistas, como a empresas con representantes del sector gubernamental, a fin de dar un cause efectivo a la reinserción social de quienes han cometido algún delito. Ahí, Carlos Salazar, director de Prevención y Readaptación Social del Distrito Federal dijo que los reclusorios no están planeados para la instalación de maquilas o fábricas ya que, por sus dimensiones y hacinamiento, no se puede meter en ellos maquinaria pesada. “Es preciso trabajar en un modelo de industria penitenciaria con planeación económica”. Propuso que, además de invitar a las empresas privadas a participar en la creación de espacios productivos dentro de las cárceles, se generen productos necesarios para la actividad de instancias gubernamentales; es decir, que las cárceles sirvan como proveedores de bienes para el gobierno, al mismo tiempo que se rehabilita, mediante el trabajo a los presos. La Secretaría del Trabajo no genera empleo; vigila el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo, centrada en el Artículo 123 constitucional. Preliberados y Liberados tendrán que buscar empleo en Chambanet y Chambatel. Esto dijo José Gandía, coordinador general de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Explicó que no obstante la STPS cuenta con financiamiento por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el recurso está destinado a la población subocupada o desempleada de modo que, hay restricción para el caso de quienes están internos ya que no forman parte del mercado laboral. “En el momento en el que una persona delinque, es responsabilidad del gobierno, darle hospedaje y alimentación”. Ofreció, sin embargo, algunas herramientas con las que la STPS cuenta para dar al público en general y que podrían utilizar preliberados y liberados. Entre ellas: el Sistema de Capacitación para el Trabajo (SICAT), las 130 oficinas de servicio de empleo en todo el país; becas de salario mínimo regional a cambio de capacitación, evaluación y canalización de talentos para el trabajo; apoyo económico para buscadores de empleo y el Sistema de Apoyo Económico a la Movilidad Laboral Interna, que se ofrece, preferentemente, a personas que quieran trasladarse para trabajar en provincia. El trabajo sí es obligatorio: Enrique Morales, representante de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de México dijo que el trabajo en situación cárcel sí es obligatorio. “El sistema penitenciario está regulado por el Artículo 18 constitucional en forma indicativa. Con base en esto hay que hacer una interrelación entre el Artículo 5 y el 2 de la Constitución de la República. De ahí, revisar el 133 y pasar al 123. Esto funciona si se toma en cuenta el Artículo 38”. Lo que sucede, dijo, es que los tratados internacionales en los que México ha participado y con los cuáles se ha comprometido, contradicen la Constiución. Se formará una Red de Vinculación para asumir compromisos específicos: Beatriz Baca, directora de Equidad y Empleo para Personas Privadas de su Libertad, Jóvenes, Indígenas y Jornaleros Agrícolas, de la STPS, enlistó una serie de compromisos para el cumplimiento de los acuerdos intersectoriales alcanzados durante tres mesas de trabajo previas a la realización del Foro “Yo expreso” a efectuarse en este 2004. Entre otras, hacer un diagnóstico serio sobre la situación real y posibilidades viables en materia laboral para la reinserción social de quienes han estado privados de su libertad, buscar empresarios humanos que vean en los presos a personas y no, de manera estigmatizada, a “delincuentes sin remedio” y favorecer un marco legal que tome en cuenta las condiciones de trabajo de los presos. En el Distrito Federal, 11 mil presos trabajan. Hacen collares, encuadernado, panadería, café y pintura, entre otras labores. Durante el recorrido efectuado al término de la reunión, por la zona industrial del Reclusorio Norte, pudimos conversar e intercambiar saludos con los presos que pagan sentencia y reducen su pena mediante el trabajo. El esfuerzo realizado por el gobierno del Distrito Federal en esta materia es evidente. De un total de 24 mil 240 presos, los que trabajan suman 11 mil. Las autoridades continúan con la rehabilitación de espacios en los reclusorios para, posteriormente, obtener equipo, maquinaria y contrataciones de parte de los sectores público y privado a fin de generar empleo.
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